El clima que no queremos ver

España y Portugal llevan décadas hablando de sostenibilidad mientras construyen su modelo económico sobre el recurso que el propio cambio climático está reduciendo. Los estudios de la Universidad Politécnica de Cataluña, basados en datos de AEMET y del servicio Copernicus, proyectan para 2050 una caída de entre el 14 y el 20 por ciento en las precipitaciones sobre la península y Baleares respecto a los niveles actuales. La temperatura media podría escalar hasta los 18 grados, y el clima que hoy llamamos mediterráneo se desplazaría hacia un régimen estepario en buena parte del territorio. No es una hipótesis marginal ni un titular alarmista aislado: es la lectura más consistente de medio siglo de series meteorológicas.

Lo incómodo no es el dato climático en sí, sino la distancia entre lo que se sabe y lo que se decide. El 75 por ciento del suelo peninsular está catalogado en riesgo de desertificación, según los informes de referencia sobre gestión hídrica. Esa cifra convive, sin apenas fricción pública, con un modelo de crecimiento que sigue apostando por más regadío, más urbanización costera y más visitantes cada año. La contradicción no es un despiste técnico, es una decisión política sostenida por el consenso de que el problema se resolverá más adelante, con tecnología o con lluvia.

Un modelo turístico que niega la evidencia

España aspira a convertirse en el primer destino turístico del mundo hacia 2040, mientras el 74 por ciento de su territorio enfrenta ya amenaza de desertificación. Esa aspiración se sostiene precisamente en las regiones de mayor estrés hídrico: el litoral mediterráneo y los archipiélagos. La coincidencia entre la temporada alta y los meses de menor disponibilidad de agua no es casual, es estructural, y coloca a los destinos turísticos ante una tensión que ningún plan de marketing resuelve.

El conflicto social que empieza a asomar en algunos municipios turísticos tiene una raíz muy concreta. Cuando un complejo hotelero mantiene piscinas llenas y jardines regados mientras los vecinos afrontan restricciones de suministro, la sostenibilidad deja de ser un eslogan corporativo y se convierte en una fuente de resentimiento legítimo. El sector ha empezado a introducir riego por goteo, aguas regeneradas y cubiertas para piscinas, pero estas medidas son correcciones marginales frente a un modelo que sigue premiando el volumen de visitantes por encima de la capacidad de carga del territorio.

El debate sobre el consumo de agua en los campos de golf ilustra bien esta tensión. Andalucía concentra el mayor número de instalaciones del país, en una de las regiones con menos recursos hídricos disponibles, y el argumento económico que se esgrime para justificarlo rara vez se pone en la misma balanza que el coste ambiental. La discusión honesta no es si el golf genera empleo, que lo genera, sino si ese empleo debería depender de un recurso que ya escasea.

La agricultura y el reparto desigual del agua

El regadío intensivo es el otro gran consumidor de un recurso cada vez más escaso, y probablemente el sector donde resulta más difícil hablar sin herir sensibilidades. Cuencas como la del Guadalquivir concentran una agricultura de exportación que ha construido buena parte de su rentabilidad sobre trasvases, pozos y una regulación que históricamente ha primado la oferta de agua sobre la racionalización de la demanda. La combinación de sequías más intensas y mayor necesidad de riego, señalada por los organismos ambientales, no hace sino agravar una presión que ya era insostenible antes de que el cambio climático se convirtiera en la explicación cómoda de todos los problemas.

Reducir esta tensión a un enfrentamiento entre ecologistas y agricultores es la simplificación que ha permitido posponer decisiones durante años. El problema no es la agricultura en sí, sino un modelo de cultivos de alto consumo hídrico sostenido en regiones que estructuralmente no disponen de agua suficiente para sostenerlo a largo plazo. Ignorar esa realidad por motivos electorales o de rentabilidad inmediata no cambia la trayectoria de los acuíferos, solo retrasa el momento en que la escasez se vuelve innegociable.

La política hidráulica: cemento en vez de gestión

La respuesta institucional al problema ha sido, durante décadas, de naturaleza más constructiva que estratégica. Los análisis de organizaciones especializadas en gestión del agua describen la planificación hidrológica española como una política de oferta continua, apoyada en grandes obras de infraestructura, más que en la racionalización real de la demanda. Embalses, trasvases y desaladoras se presentan como soluciones técnicas neutrales, cuando en realidad son decisiones que perpetúan un modelo de consumo que el propio clima ya no puede sostener.

La propia Ley de Cambio Climático de 2021 reconoce que el paradigma de suministro continuo ya no encaja con las previsiones de caudal decreciente, y plantea alternativas como el reúso de aguas regeneradas o la desalación en zonas costeras. El problema no es la falta de diagnóstico técnico, que existe y es sólido, sino la lentitud con la que ese diagnóstico se traduce en decisiones que afectan a intereses económicos consolidados. La política del agua en España ha sido, en la práctica, una política de aplazamiento.

Lo que viene: adaptación real o relato cómodo

El cambio climático en la península no va a manifestarse como un colapso repentino, sino como una erosión progresiva de márgenes que hoy parecen amplios. Menos agua disponible, veranos más largos, suelos más pobres y una demanda turística y agrícola que no ha empezado a ajustarse a esa nueva realidad. La brecha entre la evidencia científica y la planificación económica seguirá creciendo mientras el discurso público prefiera hablar de sostenibilidad en abstracto antes que de límites concretos al crecimiento de sectores muy rentables.

La aproximación menos cómoda, pero probablemente más honesta, es aceptar que no todos los modelos de negocio actuales son compatibles con el clima que se avecina. Eso implica revisar cuántos campos de golf puede sostener una cuenca hidrográfica, qué cultivos tienen sentido en un territorio semiárido y cuántos turistas puede absorber un litoral sin agua suficiente para sus propios residentes. Ninguna de estas preguntas es agradable de plantear en público, pero posponerlas no las hace desaparecer, solo traslada el coste a la próxima década.

Fuentes

https://www.wwf.es

https://www.aemet.es/es/idi/clima/escenarios_CC

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/clima-escenarios.html

https://nexotur.com

https://www.hosteltur.com

https://atlas-desertificacion.ua.es

https://www.fnca.eu

https://agris.fao.org

https://www.redalyc.org

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